Diputación aclara las dudas que habían planteado ayuntamientos de la provincia de Cádiz
Las obligaciones atribuidas a los ayuntamientos por parte de la Junta de Andalucía, ante la próxima apertura de los centros escolares, ha motivado varias solicitudes de asistencia jurídica planteadas desde diferentes entidades municipales ante la Diputación de Cádiz. En no pocas alcaldías se ha manifestado la imposibilidad de atender las campañas extraordinarias de desinfección, a tenor de la intensidad, especialización y coste adicional de estos servicios.
La respuesta de Diputación, ya trasladada a los ayuntamientos gaditanos, se concreta en un informe realizado por la Asesoría Jurídica de la institución provincial que, entre otros conclusiones, aclara que «es competencia de la Junta de Andalucía el establecimiento de medidas que en cada momento se consideren necesarias para prevenir o contener la epidemia de COVID-19 en los centros docentes».
No obstante, las circunstancias actuales –producto de una crisis sanitaria- son extraordinarias y justifican que se refuerce el principio de coordinación entre administraciones, tal como establece la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, reconoce su «preocupación por las medidas que está adoptando la Junta de Andalucía ante el inicio del curso escolar. El informe es claro y determina que las medidas de prevención para garantizar una vuelta segura al colegio, en materia de desinfección, es una competencia clara de la Junta de Andalucía. Y en el caso de que se le atribuya dicha competencia a los ayuntamientos deberá garantizarse, desde el punto de vista económico, la suficiencia financiera».
