Está siendo analizado el blanqueo de los beneficios obtenidos y delitos contra la salud pública
Según la información facilitada por la Agencia EFE, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha propuesto juzgar a ocho personas y a doce empresas, por la comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal, el blanqueo de los «cuantiosos» beneficios obtenidos y delitos contra la salud pública.
La magistrada se ha pronunciado, en un auto de procedimiento abreviado, sobre una investigación de esas ocho personas, entre los que figuran varios responsables empresariales y un guardia civil, por hechos presuntamente delictivos vinculados a la pesca y a la adulteración de atún con aditivos.
En su auto, la magistrada considera que los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales.
El auto explica que parte de la actividad de esta trama se llevaba a cabo de manera legal, de acuerdo con la normativa administrativa mientras que, otra parte, se realizaba de manera irregular introduciendo en el mercado atún pescado ilegalmente, con omisión o falsificación de los documentos para su captura o venta.
