Recuerda que la proliferación de casas ilegales es competencia también de los ayuntamientos
Hace dos semanas que se vivieron en Barbate momentos de tensión cuando la propietaria de una vivienda ilegal situada en la Ribera de la Oliva trató, junto a familiares y vecinos, evitar el derribo de su casa.
La había construido de manera irregular y ahora argumentaba que era su domicilio y que esa decisión judicial la dejaba a ella y a su familia en la calle.
Fue una actuación auspiciada por la inspección urbanística de la Junta de Andalucía, el principal instrumento con el que cuenta la Fiscalía para denunciar, sancionar y buscar responsabilidades penales a los infractores. Denunciar la proliferación de casas ilegales es competencia también de los ayuntamientos.
Pero la Fiscalía advierte de que muchas denuncias que le llegan de la inspección de la Junta de Andalucía no han sido avisadas previamente como deberían por parte de los ayuntamientos.
De ahí que haya iniciado una investigación para aclarar si esta dejación de funciones puede ser constitutiva de delito.
Hay otra advertencia. El fiscal cree que los ayuntamientos no se pueden agarrar a los problemas éticos que genere derribar viviendas ilegales para gente que residan allí porque la ley debe estar por encima de todo. Cree, además, que muchas denuncias que le llegan están, además, obteniendo un beneficio ilícito de esas construcciones porque se están usando con fines turísticos.
Si la memoria de 2022 ya advertía del aumento de casas ilegales, un fenómeno que se había parado tras la crisis inmobiliaria de 2008 y la pandemia, la Fiscalía avanza ya de un nuevo aumento en la de 2023.
Además, en zonas y pueblos donde antes no se habían registrado, como es el caso de Paterna.
