Los socialistas llevan alertando desde mayo de este año que Martínez Malia fue nombrado director general de Pesca y Acuicultura del Gobierno andaluz en 2019, cuando es propietario de participaciones en las empresas mercantiles Pesquerías Quintino SL y Carabina Farruco SL
La Oficina Andaluza Antifraude ha abierto una investigación al director de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez Malia, al atender una denuncia del PSOE que ve incompatibilidad en el ejercicio de este cargo público y su participación en varias empresas familiares del sector.
Los socialistas llevan alertando desde mayo de este año que Martínez Malia fue nombrado director general de Pesca y Acuicultura del Gobierno andaluz en 2019, cuando es propietario de participaciones en las empresas mercantiles Pesquerías Quintino SL y Carabina Farruco SL, en las que ha ostentando el cargo de administrador único cuando estas empresas percibían subvenciones de la administración autonómica.
El PSOE también alerta de un posible conflicto de intereses en la tramitación de estas ayudas públicas, ya que el director general de Pesca es órgano decisor de estas ayudas «y no se ha abstenido en las resoluciones finalizadoras del procedimiento».
Para el portavoz socialista de Pesca en la comisión de Presidencia, José Aguilar, «el presidente de la Junta, Juanma Moreno debe dar explicaciones de que un alto cargo esté siendo investigado por la Oficina Antifraude”.
La Oficina Antifraude asegura en su resolución que, una vez analizadas las actuaciones previas, «se ha considerado iniciar el procedimiento investigador para concluir si finalmente existe un conflicto de intereses en el procedimiento de selección objeto de la denuncia». Concretamente, la investigación versará sobre si se ha producido alguno de los supuestos previstos en la ley 3/2005 sobre incompatibilidad de altos cargos que pudiera determinar una causa de incompatibilidad para el desempeño de ese cargo público.
También se indagará en el conflicto de intereses en la tramitación de subvenciones.
El acuerdo aprobado por la Oficina Andaluza Antifraude ya nombrado ya instructor del procedimiento y da diez días a los interesados a presentar alegaciones.
